Vivienda habitual

En el Reino de Jauja, que es algo así como el mundo al revés, los contribuyentes carecen de derechos mientras que los okupas del sistema coleccionan toda clase de ayudas. La supresión de la desgravación fiscal por la adquisición de una vivienda habitual anunciada en el último debate sobre el Estado de la Nación por el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, vuelve a dividir a los españoles en categorías caprichosas, como ya ocurrió en la primera legislatura de Aznar. Olvidan a menudo nuestros gobernantes respetar y hacer cumplir el art. 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” 

En el mundo al revés, que cantaba Paco Ibáñez, un mileurista “instrumental” que compre una vivienda protegida subvencionada y aparentemente se la alquile a su pareja menor de 30 años, en un ejercicio de optimización fiscal solidaria, podría sumar ayudas tributarias extras por 5.100 euros cada año. Si la administración no logra impedir el fraude, resultará que el contribuyente que gane 24.100 euros brutos al año y haya pagado religiosamente todos sus impuestos al adquirir su vivienda habitual no desgravará nada ni recibirá ayuda alguna. 

En ese mismo mundo al revés, un contribuyente que desembolsa 200.000 euros, abona gastos por importe de 20.000 euros, y genera una carga de trabajo de 10.000 horas por la construcción de una vivienda, ya no tiene derecho a descuento alguno. Sí lo tendrá quién invierta 10.000 euros en la compra de un vehículo contaminante, que genera una carga de trabajo de 36 horas en la cadena de montaje. 

El objetivo declarado de la supresión de la desgravación fiscal a partir del 1 de enero de 2011, que venían pidiendo algunos economistas, es frenar la supuesta burbuja inmobiliaria. Y, en la actual situación de parón en la construcción, intentar jugar con las expectativas razonables de los contribuyentes e “invitarle” a adelantar la compra de su vivienda. El cálculo electoralista de los políticos de turno, apenas disimulado, produce sonrojo. Se juega con la posibilidad de que en 2011 no gobierne el PSOE, y de que el PP restablezca e incremente así la desgravación por la adquisición de la vivienda habitual. 

Las asociaciones de promotores contemporizan y no son muy beligerantes con la medida. José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores, se limita a decir que la medida “no estimula ni la oferta ni la demanda”, sino que “paraliza” el mercado. Pedro Pérez, el secretario del G-14 que agrupa a las grandes constructoras, volcadas en estos momentos en la Obra Pública, cree que las deducciones actuales costaban demasiado dinero y servían para poco: “toda medida que pueda ayudar a recuperar la demanda y producción de vivienda es buena para el empleo y para la situación económica del país”. Otros economistas y analistas críticos con “el ladrillo” tachan la medida de “cortoplacista” y dudan abiertamente de su posible eficacia. 

 A partir de 2011 habrá españoles de casi la misma circunstancia con obligaciones y beneficios fiscales diferentes. Indefectiblemente aparecen los agravios comparativos y las dudas acerca de la constitucionalidad de la medida.